Seguridad Nacional. Una reflexión a propósito de la salud en el Ejército mexicano.
Por Víctor Aguilera
Desde que el ser humano existe ha socorrido para su supervivencia a la creación de instituciones –entidades de ordenación–. Lo cual ha dado paso en lo político a formas de organización variadas, que van desde los grupos tribales de las sociedades primitivas pasando por los imperios y reinos de la antigüedad hasta los modernos Estados de hoy, todos formados para garantizar la preservación de condiciones estables de vida –a veces cuestionables–.
El estado moderno ha sido desde su incipiente formación en siglo XVI a manos de la España colonizadora y con su consolidación en el siglo XVIII con la consumación de la revolución política de la Francia napoleónica, la entidad ordenadora más exitosa jamás creada y sostenida hasta nuestros días.
Sus cualidades fundamentales la territorialidad y la legalidad, la primera referida al efectivo dominio de un espacio geográfico delimitado y la segunda a la existencia de una ley, han supuesto un esfuerzo importante en la consecución de órdenes fiables para regular el desarrollo de las sociedades.
Sin embargo, a la par de los problemas resueltos con su creación, nuevos dilemas han ido surgiendo. Uno de los mas problemáticos ha sido la mediación entre la seguridad del individuo –la preservación de la integridad humana– frente a la seguridad del Estado –que se entreteje entre el plano nacional en el manejo de los problemas a su interior (Interés Público) y la esfera internacional en su supervivencia frente a otros Estados (Seguridad Nacional)–.
Paradójicamente, si bien ambas esferas se refieren a problemas de distinta intensidad, resalta que aun siendo la preservación de la integridad humana un aspecto vital de las tareas estatales, este fin difícilmente se hace efectivo para un amplio conjunto de individuos sin la supervivencia del Estado mismo.
Hablar de Seguridad Nacional implica reconocer que su preservación no mira por la justicia, prioriza lo más razonablemente el cumplimiento del interés nacional –el marco que hace posible el desarrollo de la vida en una sociedad–. Su enfoque es pragmático, lo que prima no es la equidad sino la conservación del Estado, sin el cual lo público se desvanece, y el particular queda a merced del caos.
Ante lo expuesto, actualmente la garantía de condiciones que posibiliten el integro desarrollo social –para el cual el Estado da vida a una serie de estructuras burocrático administrativas y de protección como la policía y el ejercito– ha sido el terreno que mayores dilemas ha venido a plantear en el tema de la salud pública particularmente en el ejercicio de las Fuerzas Armadas.
El ejercito, institución creada por el Estado para el aseguramiento de su existencia y la conservación del orden a su interior, resulta hoy a la luz de las transformaciones que ha vivido el país en el ultimo medio siglo una entidad volcada principalmente al auxilio de los civiles en zonas de desastre, tarea a la que se ha venido a sumar en la ultima década –ante la ineficiencia de los cuerpos policíacos– el combate al narcotráfico.
Así, si bien el ejecito enfrenta numerosos desafíos producto de la precariedad de las condiciones de vida del país, amen del narcotráfico y otras vicisitudes en la defensa de la soberanía, ha sido en el rubro de la salud donde ha encontrado su punto de vulnerabilidad más significativo e insospechado.
Desde hace meses se ha dejado sentir en los medios de comunicación la gravedad del problema respecto a una alta incidencia de casos de VIH/Sida entre los elementos activos del ejército. –Como evidencia el recuadro del inicio–
[1]
Atención que generada a raíz del cese de actividad de los militares afectados, ha despertando fuertes críticas que ven en el cese de los efectivos afectados la vulneración de las garantías inalienables de todo individuo. Un reclamo que si bien resulta políticamente correcto encierra una serie de consideraciones que merecen una mayor revisión.
Y es que si bien es derecho inalienable de toda persona –en el marco de la ley– ejercer la profesión que más satisfaga sus expectativas. El problema de la salud pública al interior de las Fuerzas Armadas deja patente una serie de problemas poco explorados.
Por principio de cuentas el problema exige tener claro que en la elección de la vida militar confluye la libertad del individuo en su elección y la exigencia de las fuerzas armadas en el seguimiento de sus procedimientos.
Concertación que evidencia la tensión entre la condición de la ciudadanía como la condición que convierte a todo individuo en objeto de interés para el Estado y el respeto por los códigos y procedimientos propios de las instituciones a las cuales el individuo se sujeta por voluntad propia.
Porque siendo el ejército una entidad creada para la preservación de la seguridad del Estado y bajo un régimen de exclusión –como conjunto de leyes de aplicación restringida a quienes por elección voluntaria se adscriben a la vida militar–, es difícil esperar que en la ejecución de sus procedimientos se primen las razones del orden civil.
A esta consideración se debe ser prudente en reconocer la existencia de derechos y prerrogativas propias del ejército que establecen la atención pertinente a quienes como en todo trabajo sufrieren lesiones en el cumplimiento de su deber. Lo cual a consideración de la naturaleza de padecimientos como el sida no es una relación tan sencilla de esclarecer.
Así, ante los innumerables razonamientos que el problema trae a discusión conviene señalar la necesidad de una revisión detenida de las leyes existentes y de las consideraciones que de su examen se formulen, porque a decir de Hobbes, no siempre la razón del Estado es la razón de lo humano –lo cual complementando exige decir que– sin embargo, hoy la razón de lo humano difícilmente sobrevive sin el Estado.
[1] Información extraída de la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de una petición de acceso de información. Enlace: http://www.sedena.gob.mx/
Por Víctor Aguilera
Desde que el ser humano existe ha socorrido para su supervivencia a la creación de instituciones –entidades de ordenación–. Lo cual ha dado paso en lo político a formas de organización variadas, que van desde los grupos tribales de las sociedades primitivas pasando por los imperios y reinos de la antigüedad hasta los modernos Estados de hoy, todos formados para garantizar la preservación de condiciones estables de vida –a veces cuestionables–.
El estado moderno ha sido desde su incipiente formación en siglo XVI a manos de la España colonizadora y con su consolidación en el siglo XVIII con la consumación de la revolución política de la Francia napoleónica, la entidad ordenadora más exitosa jamás creada y sostenida hasta nuestros días.
Sus cualidades fundamentales la territorialidad y la legalidad, la primera referida al efectivo dominio de un espacio geográfico delimitado y la segunda a la existencia de una ley, han supuesto un esfuerzo importante en la consecución de órdenes fiables para regular el desarrollo de las sociedades.
Sin embargo, a la par de los problemas resueltos con su creación, nuevos dilemas han ido surgiendo. Uno de los mas problemáticos ha sido la mediación entre la seguridad del individuo –la preservación de la integridad humana– frente a la seguridad del Estado –que se entreteje entre el plano nacional en el manejo de los problemas a su interior (Interés Público) y la esfera internacional en su supervivencia frente a otros Estados (Seguridad Nacional)–.
Paradójicamente, si bien ambas esferas se refieren a problemas de distinta intensidad, resalta que aun siendo la preservación de la integridad humana un aspecto vital de las tareas estatales, este fin difícilmente se hace efectivo para un amplio conjunto de individuos sin la supervivencia del Estado mismo.
Hablar de Seguridad Nacional implica reconocer que su preservación no mira por la justicia, prioriza lo más razonablemente el cumplimiento del interés nacional –el marco que hace posible el desarrollo de la vida en una sociedad–. Su enfoque es pragmático, lo que prima no es la equidad sino la conservación del Estado, sin el cual lo público se desvanece, y el particular queda a merced del caos.
Ante lo expuesto, actualmente la garantía de condiciones que posibiliten el integro desarrollo social –para el cual el Estado da vida a una serie de estructuras burocrático administrativas y de protección como la policía y el ejercito– ha sido el terreno que mayores dilemas ha venido a plantear en el tema de la salud pública particularmente en el ejercicio de las Fuerzas Armadas.
El ejercito, institución creada por el Estado para el aseguramiento de su existencia y la conservación del orden a su interior, resulta hoy a la luz de las transformaciones que ha vivido el país en el ultimo medio siglo una entidad volcada principalmente al auxilio de los civiles en zonas de desastre, tarea a la que se ha venido a sumar en la ultima década –ante la ineficiencia de los cuerpos policíacos– el combate al narcotráfico.
Así, si bien el ejecito enfrenta numerosos desafíos producto de la precariedad de las condiciones de vida del país, amen del narcotráfico y otras vicisitudes en la defensa de la soberanía, ha sido en el rubro de la salud donde ha encontrado su punto de vulnerabilidad más significativo e insospechado.
Desde hace meses se ha dejado sentir en los medios de comunicación la gravedad del problema respecto a una alta incidencia de casos de VIH/Sida entre los elementos activos del ejército. –Como evidencia el recuadro del inicio–
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Atención que generada a raíz del cese de actividad de los militares afectados, ha despertando fuertes críticas que ven en el cese de los efectivos afectados la vulneración de las garantías inalienables de todo individuo. Un reclamo que si bien resulta políticamente correcto encierra una serie de consideraciones que merecen una mayor revisión.
Y es que si bien es derecho inalienable de toda persona –en el marco de la ley– ejercer la profesión que más satisfaga sus expectativas. El problema de la salud pública al interior de las Fuerzas Armadas deja patente una serie de problemas poco explorados.
Por principio de cuentas el problema exige tener claro que en la elección de la vida militar confluye la libertad del individuo en su elección y la exigencia de las fuerzas armadas en el seguimiento de sus procedimientos.
Concertación que evidencia la tensión entre la condición de la ciudadanía como la condición que convierte a todo individuo en objeto de interés para el Estado y el respeto por los códigos y procedimientos propios de las instituciones a las cuales el individuo se sujeta por voluntad propia.
Porque siendo el ejército una entidad creada para la preservación de la seguridad del Estado y bajo un régimen de exclusión –como conjunto de leyes de aplicación restringida a quienes por elección voluntaria se adscriben a la vida militar–, es difícil esperar que en la ejecución de sus procedimientos se primen las razones del orden civil.
A esta consideración se debe ser prudente en reconocer la existencia de derechos y prerrogativas propias del ejército que establecen la atención pertinente a quienes como en todo trabajo sufrieren lesiones en el cumplimiento de su deber. Lo cual a consideración de la naturaleza de padecimientos como el sida no es una relación tan sencilla de esclarecer.
Así, ante los innumerables razonamientos que el problema trae a discusión conviene señalar la necesidad de una revisión detenida de las leyes existentes y de las consideraciones que de su examen se formulen, porque a decir de Hobbes, no siempre la razón del Estado es la razón de lo humano –lo cual complementando exige decir que– sin embargo, hoy la razón de lo humano difícilmente sobrevive sin el Estado.
[1] Información extraída de la página web de la Secretaría de la Defensa Nacional por medio de una petición de acceso de información. Enlace: http://www.sedena.gob.mx/
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